Comuna, democracia y participación, 21/03/2019.

Distribuir el poder, devolver la soberanía y la capacidad de decisión a la gente y las comunidades, ese es un objetivo fundamental de la democracia social. Pero la democracia también requiere garantizar derechos básicos, como salud, educación y pensiones, y un lugar digno donde vivir, no sólo en lo que respecta al hogar, sino también en el país, la región, la ciudad y, especialmente, la comuna.

Se requiere cambiar la forma en que se toman las decisiones, de concebir las instituciones y la relación con la gente. Requerimos gestionar la ciudad entre todas y todos. Una forma colectiva, pero también transparente y eficiente de tomar las decisiones, configura nuestro horizonte próximo, donde se han de proscribir las malas prácticas de las instituciones, generar mayor sentido común y bien público, disminuir la burocratización y abordar los problemas concretos de las personas y familias.

Una democracia requiere de derechos, de participación, transparencia, autogestión, distribución del poder y control ciudadano. La democracia no puede ser ya una serie de procedimientos o un régimen político, la democracia debe ser social.  

A continuación, presentamos una cadena de iniciativas, especialmente orientadas a la gestión de los gobiernos locales, para avanzar en una mayor profundización de la democracia y la participación.

1. CAMBIO A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA.

Un límite estructural a la democracia en Chile es la existencia del régimen de la Constitución de 1980 impuesta en Dictadura. Pero no sólo por su ilegitimidad de origen es que este régimen es nocivo (en los veinte años de gobierno la Concertación hizo todo para legitimarla, especialmente con la firma de Ricardo Lagos), sino porque es obsoleta ante una sociedad con mayor demanda de participación, que genera nuevas identidades colectivas y formas de organización; asimismo, la Constitución resguarda el traspasó de los derechos a los intereses del mercado y enriquece a una minoría privilegiada, lo que configura el principal eje de desigualdad en nuestro país.

En este sentido, la Municipalidad y las instituciones democráticas deben promover un proceso constituyente para impulsar transformaciones democráticas y sociales ampliamente sentidas y reclamadas por la gente.

2. COGOBIERNO ENTRE MUNICIPIO Y SOCIEDAD CIVIL.

Descongestionar la participación ciudadana y la gestión municipal, generando formas de democratización concretas y efectivas, promoviendo el protagonismo de las  Juntas de Vecinos, Unión Comunal, Centros Culturales y otras organizaciones de la sociedad civil, con tal que asuman mayor responsabilidad y se conviertan en instrumentos de planificación, participación y gestión de servicios y bienes públicos.

Estas instituciones de la sociedad civil deben poder reunirse sistemáticamente, deliberar, plantear propuestas para ser acogida por el Municipio e incluso gestionar; por supuesto a un ritmo propio de gente que trabaja, estudia o es adulto mayor. Además, el Municipio debe disponer de personal técnico para abordar el fortalecimiento de la sociedad civil organizada.  

La cogestión entre municipalidad y sociedad civil no sólo cuestiona la externalización de los servicios a empresas privadas por parte de la municipalidad, sino que también crea una alternativa de desarrollo. Por lo demás, también aumenta la efectividad de todos los proyectos, puesto que está demostrado que la cooperación vecinal y los vínculos sociales, profundizan todos los fenómenos que se intenta mejorar, como la salud, la crianza, la seguridad, la educación, el envejecimiento, etc.

El sentido de pertenencia y de cooperación también se expresa en el caso de las decisiones políticas locales que se tomen, aumentando a su vez la transparencia y disminuyendo la corrupción. Asimismo, pone una mayor acentuación de la importancia de los bienes comunes de los territorios, como los cerros, ríos, parques, canales, entre otros.

3. MEJORAR LA REPRESENTATIVIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

Se requiere una segunda vuelta en las elecciones de las y los alcaldes. Las y los ediles de las comunas, hoy son electos con menos del 20% de la capacidad de la votación total de las comunas.

También se requiere establecer y legitimar que concejalas y concejales sean de la comuna de donde son electos. Así como que la concejalía tenga mayores responsabilidades, sin que esto implique un aumento de su sueldo.

Mejorar el sistema de designación de sedes electorales, para que las vecinas y vecinos no tengan inconvenientes en trasladarse. 

Que las cuentas públicas sean pormenorizadas y no testimoniales como son ahora. Y que todo representante electo deba realizarla.  

Se han de promover consultas e iniciativas ciudadanas, rendición de cuentas, revocatorios de mandato y presupuestos participativos por barrios y para la comuna.

Todas estas iniciativas deben tener una expresión también en el mundo digital, ya sea para la deliberación como  la fiscalización.

4. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

La ciudadanía podrá promover y priorizar proyectos, basados en sus necesidades, a los que se asignará una parte del presupuesto municipal, fomentando así un mejor conocimiento por parte de la ciudadanía y fortalecer el tejido asociativo de la resolución de los problemas urbanos y  democratizando la priorización de medidas por motivos económicos… Debe promoverse que el porcentaje del presupuesto participativo vaya aumentando progresivamente en función de la experiencia y resultados obtenidos… Así también, los proyectos deben tener una priorización y calendarización basado en un proceso de democracia participativa, donde la votación como mecanismo resolutivo sólo debe implementarse después de la búsqueda de consensos. 

5. INVERSIONES DE GRAN IMPACTO ECONÓMICO, ECOLÓGICO Y SOCIAL.

Las inversiones de gran impacto a la comuna, para las personas y la naturaleza, así como de mayor gasto económico (mayor presupuesto), deben estar abiertas al debate público y a la trasparencia. Los cambios del plan regulador, por ejemplo, no pueden ser aprobados sólo con participación de empresas (actores con mayor poder económico), y la instalación de empresas como hidroeléctricas o basurales, no pueden decidirse en los ministerios u oficinas. Deben ser deliberados por la sociedad civil, a partir de una propuesta institucional detallada, que explique inversiones, objetivos, beneficiarios, impacto ambiental y social.  

6. RENDICIÓN DE CUENTA Y TRANSPARENCIA.

Crear un sistema de rendición de cuentas y transparencia de los altos cargos municipales y corporaciones municipales, ya que el uso de los recursos y bienes municipales no sólo deben responder a la transparencia, la eficiencia y la legalidad, sino también a la ética y el interés público.

La corrupción no es el único problema ético y económico que se presenta, también existen otras permisibilidades legales que van en contra del bien común. Y no sólo se debe responder respecto a los gastos económicos, sino de los distintos recursos, como el tiempo de trabajo, vehículos, equipamiento y recursos humanos.

Por esto, se debe dar cuenta periódicamente de forma pública a la ciudadanía. Además, se han de tomar medidas en casos de incumplimientos de compromisos o responsabilidades, existiendo procesos de penalización y hasta revocación de cargos.

7. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

Más y mejores procedimientos de contratación en las municipalidades y corporaciones municipales, que sean transparentes y participativos. Los recursos públicos son un bien común y su redistribución debe ser transparente, equitativa y justa.

Las contrataciones de bienes, obras y servicios que adjudican las administraciones son una herramienta clave en el reparto de oportunidades.

La contratación o subcontratación de empresas privadas, expertos o asesores, o shows artísticos u otro tipo de gastos, deben estar abiertos a procedimientos públicos, donde la gente pueda dar su opinión.

Todas estas decisiones deben quedar para la posteridad e ir profundizándose progresivamente, por lo que se deben escribir protocolos y manuales. 

8. PROTAGONISMO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES MUNICIPALES.

Impulsar el protagonismo de trabajadoras y trabajadores municipales y de las corporaciones municipales en el servicio público. Los partidos políticos en el poder local utilizan la institucionalidad para instalar a sus próximos candidatos y candidatas, ubicándolos en lugares estratégicos para hacer campaña durante cuatro años con recursos públicos. O también recurren a la contratación por honorarios de expertos que, por lo demás, pertenecen a sus partidos o familias… Una forma de cambiar esto, es que se reconozca con plenitud el servicio público de todas y todos los trabajadores y no sólo de los “jefes” o “jefas”, las caras visibles de las áreas municipales. Son las miles de funcionarias y funcionarios quienes son la base de la municipalidad. La capacidad y experiencia de las y los trabajadores deben ser valoradas, promovidas y sociabilizadas.

Para esto, se debe priorizar en la función de cada trabajador y trabajadora y no recurrir a expertos externos ni posicionar la figura del “jefe” o “jefa” en vista a una candidatura. Hay que implementar mecanismos  que expresen la labor y creatividad de cada funcionario. Descentralizar las funciones más públicas, las que están más en contacto con la gente, y que sean asumidas colectivamente, en equipo.

Asimismo, acercar la gestión a la ciudadanía y a los territorios, reforzando en conjunto la gestión misma y su evaluación. Que los servicios sean más abiertos, compartidos, para que, por lo demás, den mejores respuestas y soluciones a las personas.

9. PLAN NUESTRO BARRIO INTEGRAL.

Generar una reforma integral de las poblaciones, barrios y villas de la comuna, con la implicación de las personas y la sociedad civil organizada… Hay barrios más expuestos a la segregación, a la violencia, a la marginalidad, terrenos baldíos, basurales, y otros con mejor calidad de vida. Se debe distribuir de mejor manera el bienestar y los derechos sociales. No se puede concentrar la población con mejor calidad de vida en un sector o zona y las familias más segregadas en otras. Incluso las instituciones municipales suelen situarse en las zonas centrales de las comunas, creando así un centro y una periferia, reproduciendo la desigualdad de los territorios.

Por eso debemos entender los barrios como espacios de oportunidades y de protección, esenciales para la cohesión social. Hay que impulsar una regeneración urbana, de áreas verdes, centros deportivos, descentralización de instituciones y el comercio.

Generar una planificación, un plan de barrios integrales debe ser un compromiso de la institución con la gente, quienes, además, deben ser protagonistas en esta iniciativa.

10. LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Las audiencias públicas y participación ciudadana, además de transmisión por medios de comunicación y las redes sociales, son elementos hoy esenciales para la democracia, la transparencia y participación. La ciudadanía debe tener la capacidad de representarse a sí misma y contribuir a las decisiones.

Hay que crear un nuevo concepto de audiencia pública, para asegurar que esta sea pormenorizada y no sólo testimonial, como es hasta ahora. Se deben generar compromisos concretos y fechas de ejecución, además de espacios de fiscalización del avance de esos compromisos y difusión de la información y las decisiones que se tomen en la gestión y ejecución.   

También se debe contar con emisión en directo y registro de las audiencias y reuniones públicas y del concejo municipal, con participación vecinal y de medios de comunicación comunales presentes.

Esto debe ir de la mano con un mejoramiento de las plataformas y portales web institucionales, que sean más accesibles y transparentes. Que no sólo se suba el acta de las reuniones (cuestión que muchas veces se hace con meses de atraso), sino que quede el registro en vivo.

Esto también va orientado a crear una ciudadanía informada, responsable, por lo que se debe también promover la creación de observatorios ciudadanos y medios de comunicación local. De este modo, además de la plataforma institucional centralizada, debe también potenciarse la descentralización y transparencia de la información y la creación de contenido comunicacional ciudadano.

11. NUEVOS CANALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS.

La municipalidad debe contribuir a la creación de nuevos canales y medios de comunicación por parte de los colectivos o las comunidades que lo soliciten y que respondan a necesidades de la ciudadanía y sus barrios. Hay que descentralizar la información y combatir los monopolios informativos.

Dar soporte humano y material a los proyectos comunitarios ya existentes para contribuir a su consolidación, a la producción de contenidos y potenciar su difusión y crear otros nuevos.

Asimismo, hay que promover dentro de los medios de comunicación públicos el ejercicio pleno del derecho a la información y la libertad de expresión en un marco plural que fomente la formación de una opinión pública informada.

12. OFICINA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN Y DE AUDITORIA PÚBLICA.

Crear una oficina municipal anticorrupción y auditoría de los costes y las deudas municipales y corporaciones municipales. La corrupción atenta contra el bien común, genera privilegios para unos pocos y supone dilapidación de los recursos públicos. Para hacerle frente son necesarios mecanismos de denuncia que permitan una actuación ágil, rápida y eficaz, y órganos independientes del poder político y económico. De esa manera, se organiza el sistema de denuncias para que sean eficientes y efectivas y se puedan llevar a cabo los cambios necesarios.

Por lo demás, la creación de una oficina anticorrupción que, a su vez, dialogue con los observatorios ciudadanos, está orientada no sólo al correcto uso de los bines públicos, sino a la creación de una ciudadanía empoderada y democrática.

13. CULTURA E IDENTIDAD LOCAL.

Priorizar las presentaciones artísticas y culturales locales, así como la asociatividad de la diversidad social, asegurando su protección y respeto. Hacer una especial promoción a la organización de personas y familias pertenecientes a pueblos originarios, con sus formas de organización propia, su idioma y economía.

Disminuir al máximo la contratación de artistas foráneos. Promover centros culturales, espacios de organización de artistas, que vayan mejorando su calidad y profesionalizando su trabajo. Lo que, además, contribuye a potenciar la identidad local y la participación ciudadana.

Esto requiere destinar recursos, espacios públicos y equipamiento. Apoyo en la creación de personalidades jurídicas y cuentas bancarias, para que los centros culturales u otras organizaciones postulen a fondos públicos. Oficinas que presten asesoría o capacitación en gestión cultural y productiva.

14. COMUNIDAD MIGRANTE.

¿Qué pasa con las personas y familias migrantes? ¿No tienen también derecho a la vida pública? ¿No son parte de la sociedad civil? Se debe dialogar con las y los migrantes y generar procesos de inclusión, para el pleno ejercicio de los derechos humanos y también para combatir el racismo como fenómeno nocivo. Los migrantes deben acceder a información, representación y participación. Y especialmente niñas y niños deben encontrar en la comuna, espacios recreativos y de sociabilización.  

15. JUVENTUD.

Participación y formación ciudadana de la juventud. Queremos una ciudadanía crítica, implicada y comprometida, y esto requiere potenciar y facilitar la participación de las y los jóvenes. No sólo con el ofrecimiento de más espacios culturales o productivos (huertos, talleres, etc.), sino también para la autogestión y la decisión ciudadana.

Hacer de los jóvenes protagonistas con el bienestar de la gente, de la comuna, en la lucha contra la soledad, la drogadicción y la violencia (delincuencia, racismo, homofobia, machismo, etc).

Además, los jóvenes pueden contribuir a fortalecer lazos intergeneracionales, para su propio aprendizaje, para el bien de la sociedad y el bienestar de adultos mayores que también han de contribuir para crear una mejor sociedad para todas y todos.